El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluó ayer, dividido entre sus miembros liberales y conservadores, si el presidente, Barack Obama, se excedió o no en su poder al proclamar un plan para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados. Un empate entre los ocho magistrados que componen actualmente el alto tribunal supondría un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se beneficiarían de esas medidas migratorias, que además podrían ser derogadas por el próximo presidente estadounidense que llegará al poder en enero.

Mientras miles de personas se manifestaban fuera de la corte, en el interior, el Gobierno defendió las medidas proclamadas por Obama en noviembre de 2014 para evitar la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos con ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.

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