La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), teme que los operativos se incrementen, que violen los derechos de los indocumentados y que a los detenidos les nieguen el debido proceso porque el gobierno aceleró sus casos de deportación.

Constitucionalmente usted tiene derecho a no contestar las preguntas. El negarse a responder a las preguntas no constituye un delito. Se recomienda hablar con un abogado antes de acceder a responder cualquier pregunta. No está obligado a hablar con nadie, aunque haya sido arrestado o incluso si se encuentra en prisión. Sólo un juez le puede ordenar que conteste preguntas

La tarea del abogado es proteger sus derechos. Una vez que expresa su deseo de hablar con un abogado, los funcionarios deberían dejar de hacerle preguntas.

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